Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista estuvo por algunas en Soriano y habló con Crónicas sobre diversos temas, entre ellos el de la Vivienda Popular impulsado por Unidad Popular, que fuera presentado y aprobado en la Cámara Baja pero según se comenta no tendría el mismo resultado en la Cámara de Senadores .
Cabe señalar que el legislador comunista puso algunos reparos al proyecto al tiempo que manifestó el interés de que se reflote uno que presentó en el 2016 que estipula la regulación de precios de los alquileres como forma de abatir el tema de las casas desocupadas.
Concretamente ante la consulta de Crónicas expresó que comparte la intención de resolver una realidad que “nos aparece objetiva. La dificultad que evaluamos es que no cuenta con una instrumentación adecuada desde el punto de vista de la financiación y además no se inscribía en una estrategia general en cuanto a la problemática de la vivienda”.
Explicó que el Partido Comunista tiene una visión particular sobre el tema habitacional En se sentido dijo que en Uruguay “con un déficit habitacional de unas 80 mil viviendas, un número similar de casas o apartamentos permanece, al mismo tiempo, abandonadas o inutilizadas que se podrían reciclar e integrar a un plan nacional de vivienda”.
Gerardo Núñez, entiende que esta iniciativa puede ser una solución al problema. “No se trata de que sea necesaria la construcción de más viviendas, lo que hay es un problema de distribución y acceso a las que ya existen”, afirmó.
El legislador quiere que su bancada retome la consideración del proyecto que presentó en 2016 y que estipula la regulación en el precio de los alquileres los que, dijo, se han incrementado notoriamente por encima de la inflación y los salarios, y ubicándose hoy en un promedio de $ 17 mil a nivel nacional.
De prosperar, los alquileres no podrán exceder el 4% del valor catastral del inmueble en cuestión.
Núñez cuestionó la política expansionista que implica seguir construyendo viviendas nuevas en la periferia, “siguiendo en algunos casos el interés de grandes grupos económicos, al tiempo que miles de personas siguen enfrentando la precariedad producto de su inseguridad habitacional. No obstante dijo sentirse preocupado por el déficit habitacional, señalando que cree que hay que seguir trabajando y que por esa razón “hemos puesto sobre la mesa otros proyectos que van en el sentido”.
Cabe significar que el proyecto de Vivienda Popular cubre una necesidad de una franja de familias que no pueden acceder a la vivienda por medio de otros sistemas por diversas causas, entre ellas el tiempo que se debe aportar para la construcción porque en muchísimos casos son familias uniparentales, solteras, personas de la tercera edad sin familia, que no pueden aportar ni dinero ni horas para la construcción de sus propias viviendas.
Consultado sobre este tema y si estos proyectos contemplarían a este núcleo que lucha por su techo, Núñez dijo que “los proyectos que están en vueltas podrían hacerlo”, agregando que en la próxima Rendición de Cuentas “pretendemos que sea una prioridad la educación pero también la vivienda, fortalecimiento del Fondo Nacional y llegar a aquellos rincones de la sociedad para dar solución a un problema tan sentido”.
Criticó los efectos de la Ley de Vivienda de Interés Social, que definió como “de interés empresarial, ya que le significó a los constructores exoneraciones impositivas por casi US$ 800 millones a cambio de casi ninguna contraprestación. El diputado comunista sostuvo que el objetivo del plan no se vio reflejado en el precio final de las viviendas, que es igual o incluso más caro que las construidas por otros programas.